Han pasado cien años desde que dejamos de ser delincuentes para el código penal peruano. Sin embargo, en los últimos días, el Estado nos ha recordado que, en sus parámetros, la diversidad sexo-genérica es una enfermedad. El viernes 10 de mayo, se publicó en las normas legales del diario oficial El Peruano un decreto supremo que patologiza la diversidad sexual. Este decreto es otra demostración de cómo las autoridades no gobiernan pensando en las necesidades de sus ciudadanxs. Pero también muestra que la sociedad muy fácilmente puede retroceder cuando de la comunidad TLGBIQ+ se trata. La peligrosa implementación del CIE-10 debe hacernos reflexionar sobre la urgencia de leyes que prohíban las terapias de conversión y que protejan a la comunidad trans en nuestro país. 

Muy a pesar de lo que piensen algunos conservadores, la diversidad sexo-genérica peruana es más antigua que nuestra misma república. De ahí las numerosas leyes y normas que buscaron castigar estas prácticas. Asimismo, esta cantidad de disposiciones demuestra el fracaso en todos sus intentos. Por ejemplo, el código penal de 1863, en su artículo 272, sancionaba la sodomía con la misma pena que una violación. La renovación de este código judicial, en 1924, eliminaría esta norma de forma definitiva. Sin embargo, no significó una mejora para la diversidad, pues se utilizaron otras leyes para perseguir este “problema” social. El resto del siglo, las autoridades utilizaron la moral y las buenas costumbres para eliminar la diversidad de las calles. De forma que pasamos de ser delincuentes a inmorales.  

La persistencia de esta nueva forma de prohibición representa el conservadurismo social enquistado dentro del Estado. Considerarnos un atentado a las buenas costumbres tuvo y tiene como premisa que existe una forma de ser un bien ciudadano, asociado a lo cisgénero y heterosexual. Por ende, todo lo que esta fuera de estos parámetros (básicamente la diversidad) pertenece a un mal ciudadano y debe ser eliminado. Es por ello que, durante los años ochenta y noventa, a mayor visibilidad de la comunidad LGBTIQ+; incrementaron las batidas en distintas ciudades del país. El sesgo de la Guardia Civil (y, hoy de la policía) representa este vínculo entre mala ciudadanía y diversidad. 

Como es costumbre en el Perú, el polvo debe ponerse debajo de la alfombra en eventos especiales. Así, mientras gran parte de la población tiene buenos recuerdos de la primera visita papal, en 1985; la comunidad no puede decir lo mismo. Semanas antes de la llegada de Juan Pablo II, las autoridades hicieron redadas con el fin de “limpiar” la ciudad de maricones y travestis. Más allá de ser un evento amargo, representa el discurso de una mala ciudadanía (equiparándonos con los delincuentes) que las autoridades ven en la diversidad.             

Pese a todo, las primeras décadas del siglo XXI han visto surgir el debate alrededor de las problemáticas de la comunidad TLGBIQ+. No obstante, en el caso de la población trans la violencia estructural se ha mantenido. Sea por ignorancia o ideología, se trata de mantener una asociación entre la transgeneridad y enfermedad. Que el decreto supremo Nro. 009 – 2024 legitime un documento desfasado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es, por decirlo menos, tendencioso. Este documento fue publicado en 1992 pero ya ha sido reemplazado por el CIE-11, publicado hace poco menos de cinco años. Esta nueva actualización no consigna la diversidad sexo-genérica como enfermedad. El Ministerio de Salud debe responder cuáles fueron las razones para la implementación del CIE-10 y no del más reciente. 

Fuera de lo que se pueda pensar gran parte de la sociedad, una de las consecuencias que trae este decreto es la posibilidad del uso de las terapias de conversión. Actualmente, en el Perú no es ilegal que las personas TLGBIQ+ sean enviadas a centros que prometen curarlos (como si esto fuese posible). A pesar de que, a nivel mundial, la ciencia ha determinado que estas terapias son contraproducentes para todos y que la Defensoría del Pueblo, en 2019, declarase que constituyen actos de tortura; el gobierno ejecuta, sin fundamento, un decreto que podría fomentar su uso. De esta forma, vemos que hay una medicalización de la ciudadanía, donde las autoridades ven un vínculo entre malos ciudadanos, comunidad TLGBIQ+ y enfermedad. 

Cien años después de su eliminación del código penal, la diversidad sigue siendo (como diría un ex presidente) ciudadanos de segunda. Criminales, inmorales y enfermos son las formas como el Estado ha catalogado a la comunidad TLGBIQ+. Aclarada o no la situación del decreto supremo, se hace evidente la urgencia de leyes como las de Identidad de Género y que prohíban las terapias de conversión. El Estado debe reconocer que somos ciudadanos y promover normas que nos incluyan y responda a nuestras necesidades.

Por Giancarlo Mori Bolo